“Tierra arrasada”: la pesada herencia de María Eugenia Vidal

El gobierno de Axel Kicillof presentó un informe del estado de la provincia de Buenos Aires al inicio de su gestión. Desde municipios discriminados por peronistas hasta presos hacinados. Ni la provincia es Los Alpes, ni María Eugenia Vidal era Heidi.

El gobierno bonaerense dio a conocer este jueves su informe sobre la situación de la provincia al 10 de diciembre de 2019, momento en que Axel Kicillof asumió la primera magistratura. Se trata de un pormenorizado recuento ministerio por ministerio y área por área que refuerza y traduce en números el concepto de “tierra arrasada”. En rigor, se trata del Informe Oficial para la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control para la Emergencia, que fue entregado por el jefe de Gabinete Carlos Bianco en su visita al Senado. En la previa, mientras la recopilación se estaba llevando a cabo, se filtró la idea de que Kicillof preparaba un “libro negro” de María Eugenia Vidal. El propio Kicillof descartó esa denominación en su mensaje a la Legislatura del 2 de marzo, cuando hizo un adelanto de este documento. Para el poder Ejecutivo, “se trata de una radiografía detallada del presente acuciante que atraviesa la Provincia y de la desidia y el abandono que caracterizó a la anterior gestión”. El escrito incluye una fuerte denuncia de discriminación en detrimento de los municipios conducidos por el peronismo. En resumen, asegura que en reparto y finalización de obras fueron beneficiados los intendentes propios.

“La situación económica, social y productiva que se ha encontrado al inicio de la actual gestión es, como ya fuera resaltado, de tierra arrasada. Esta es la cruda realidad que viven millones de bonaerenses de manera cotidiana”, se agrega en la introducción. No obstante, aclara: “No se trata de una excusa ni se utilizará durante los próximos cuatro años como referencia obligada de la herencia recibida. Se trata –asegura– ni más ni menos que de la línea de base a partir de la cual se ha comenzado a trabajar y desde la cual será evaluada la gestión”. El desarrollo también incluye las acciones iniciadas para revertir cada una de las situaciones descriptas y qué planes y medidas se piensan a futuro. Hay una amplia mención al endeudamiento y a la pérdida de recursos propios, más que nada en subsidios y en copartipación.

El recuento comienza con la mención de “indicadores sociales pavorosos”. La presentación toma números del INDEC: “El 38,4% de los bonaerenses están por debajo de la línea de pobreza, concentrando la Provincia el 55% del total de la población del país en esa condición (primer semestre de 2019). Asimismo, 1.249.923 bonaerenses se encuentran bajo la línea de indigencia, lo que representa un 8,7% del total. Así, el 59% de los hogares del país en esa condición se encuentran en la provincia de Buenos Aires”. Con los datos de cada cartera, el estudio se divide en emergencia Productiva, Social, Energética, Seguridad Pública, Política y Salud Penitenciaria; en Infraestructura; Económica; Administrativa y Tecnológica. Sus principales conclusiones son:

Economía y deuda

La deuda en moneda extranjera pasó de explicar el 57,9% del total en 2015 al 83,7% en 2019. Es decir que, actualmente, solo el 16% de las obligaciones financieras de la provincia son en moneda nacional. Por otra parte, cabe destacarse que, del total de vencimientos para el periodo 2020-2023, el 76% proviene de deuda contraída en el período 2016-2019. En particular, en 2020, los vencimientos correspondientes a deuda tomada entre 2016 y 2019 representan el 67% del total, mientras que para 2023 ascienden al 92% del total. La expresión del sobreendeudamiento es el incremento de la presión que las obligaciones de deuda generan sobre el presupuesto provincial. Los servicios totales de deuda, que representaron el 12,7% de los recursos en 2015, hoy explican el 19,8%. La contracara de esta situación fue el ajuste que sufrieron gastos significativos e importantes para la provincia. El endeudamiento, lejos de generar recursos para atender las necesidades de la provincia, generó un fuerte ajuste sobre las cuentas provinciales.

La gestión anterior se jacta de haber dejado en la caja suficiente dinero para cubrir las necesidades de la Provincia “sin mayores inconvenientes”. Se ha encontrado el escenario inverso: al inicio del mandato, los fondos que quedaban en la caja provincial no alcanzaban ni siquiera para cubrir las erogaciones provinciales del primer mes de gestión. La gestión anterior dejó una deuda flotante total de alrededor de $76.000 millones que deberá enfrentarse en este 2020. De ese total, la deuda pendiente con proveedores (devengado no pagado en 2019) se estima en alrededor de $50.000 millones.

En 2015, la Provincia invertía en el pago de jubilaciones y salarios unos $197.836 millones, que a valores de hoy serían equivalentes a $718.984 millones. Durante 2019 se pagó por los mismos conceptos un monto total de $629.231 millones. Es decir, que el “menor déficit” que aduce la gestión anterior es consecuencia de un fuerte ajuste que recayó sobre los jubilados, los docentes, los médicos y los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, a quienes el año pasado les han quitado de sus bolsillos una suma total equivalente a los $89.753 millones. Todo esto en el marco de una progresiva pérdida de autonomía fiscal de la Provincia de Buenos Aires, en tanto los recursos transferidos desde la Nación pasaron de representar el 30% al 40% entre 2015 y 2019

Producción

En términos per cápita, la provincia perdió coparticipación en relación a la CABA. En 2015, la PBA recibía $17.604 por coparticipación por habitante (a precios 2019) superando a la CABA que recibía $9.872. En 2019, sin embargo, la PBA recibió menos coparticipación que la CABA; la provincia recibió $20.807 (incluyendo el Fondo del Conurbano) por habitante y la CABA $27.524. Es decir que, entre 2015 y 2019, las transferencias por coparticipación a la provincia por habitante aumentaron un 18%, mientras que a la CABA aumentaron 179%.

La industria en la Provincia de Buenos Aires llevaba 18 meses consecutivos de caída (desde mayo de 2018 hasta octubre 2019, último dato disponible). En la comparación entre los primeros diez meses de 2015 y 2019, la actividad industrial bonaerense se redujo -10,8%. Esta situación es generalizada a todos los sectores industriales, excepto Refinación de petróleo. Los más afectados fueron Textiles (-38,2%), Tabaco (-33,8%), Papel y cartón (-22,4%) y Caucho y Plástico (-16,7%). El impacto en el empleo es particularmente alarmante: se perdieron 64.400 puestos de trabajo privados registrados entre 2015 y 2019. Esta problemática afectó principalmente a las PyMEs, que en su totalidad perdieron más de 107.000. Esto se profundiza en la industria y el comercio donde se perdieron 42.000 y 19.000 puestos de trabajo privados registrados, respectivamente. Tampoco se abrieron parques industriales. La situación actual de los puertos bonaerenses es el desgobierno.

Actividad agropecuaria

La lechería entró en una crisis gravísima por las políticas macroeconómicas implementadas a partir de diciembre de 2015. En la provincia de Buenos Aires cerraron unos 515 tambos (19,6% del total de tambos de la provincia), lo que representa una caída porcentual mayor que la nacional. Con respecto a la producción porcina, unos 4.000 pequeños productores de la provincia dejaron la actividad en el período 2015-2018 (último dato disponible) ante el enorme incremento de los costos de producción, en particular del alimento (maíz). Los criadores de pollos están atravesando una severa crisis, que implica el cierre de gran cantidad de granjas. Los pequeños y medianos productores agropecuarios de cultivos tradicionales de la zona pampeana han sufrido las consecuencias de las políticas económicas nacionales y provinciales. Los productores de las frutas más tradicionales, como la naranja y el durazno, también se encuentran atravesando una profunda crisis, producto del incremento de sus costos dolarizados en un mercado interno que, por la pérdida del poder adquisitivo de la población, se redujo. Se produjo una caída en la rentabilidad neta de los pequeños productores ganaderos de hasta el 60%.

Trabajo

Se destruyeron 134.200 puestos de trabajo en todo el país casi todos ellos vinculados al sector industrial de la economía. En esa destrucción la Provincia de Buenos Aires fue la principal perjudicada. Hacia el final del período, la cantidad de trabajadores registrados del sector privado en la Provincia era de sólo 1,8 millones de personas, perdiéndose en sólo un año unos 51.000 puestos de trabajo. Contabilizando desde el inicio de la gestión pasada, la destrucción alcanza 87.000 empleos asalariados registrados en el sector privado.

Salud

El gasto público con finalidad en salud ha sufrido una baja en la participación dentro del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, pasando de 6,3% en 2018 a 5,5% en 2019. Mientras que el presupuesto general del ejercicio 2019 aumentó 58% respecto de 2018, el crédito asignado a la finalidad salud aumentó solamente 33%. En el último período, el presupuesto relacionado con gastos de funcionamiento de los hospitales ha disminuido en términos nominales, pasando de $ 6.456 millones en 2018 a $ 5.894 millones en 2019 (-9%). En paralelo, se ha generado un deterioro de los hospitales existentes por falta de mantenimiento, lo que se expresa en problemas estructurales, de mampostería y en instalaciones de agua y de electricidad.

El IOMA atraviesa una situación crítica. Los problemas financieros son múltiples, producto de que el Tesoro provincial retuvo durante 2019 alrededor de $6.300 millones, que fueron destinados a fines distintos. Este hecho implica que el Instituto fue encontrado por la nueva gestión con deudas con todo el universo de prestadores. La cobertura de medicamentos es uno de los problemas que más reclamos ha presentado por parte de los afiliados y afiliadas. Un estudio publicado por el Grupo Argentino para el Uso Racional de los Medicamentos (GAPURMED) a fines de 2018 analiza esta situación, tomando diez medicamentos cuyos precios de venta al público aumentaron siete veces, mientras que la cobertura de IOMA bajó de 63% a 47%.

Se procedió al desguace de la flota sanitaria, abandonando los camiones-hospitales. Se observó el abandono de equipamiento hospitalario, desguace de las áreas de epidemiología y el vaciamiento de los bancos de drogas. Se hallaron más de 26.000 dosis de vacunas ya vencidas, mientras que más de 15.000 dosis de vacunas antigripales se vencerán en marzo próximo debido a que no fueron utilizadas durante la campaña 2019. También se registraron faltantes de medicación para enfermedades de transmisión sexual.

Servicios públicos

La quita acelerada de subsidios por parte del Estado nacional y el incremento de las tarifas de la provincia de Buenos Aires fueron el factor que definió estos cuatro años de gestión en materia energética. Como consecuencia de la falta de inversión y el aumento de las tarifas, las empresas eléctricas obtuvieron dividendos extraordinarios, con ganancias en solo los dos primeros años de vigencia de la nueva RTI del orden de los $20.000 millones (a valores actuales. Durante los cuatro años de gobierno de María Eugenia Vidal las concesionarias tuvieron garantizada su tasa de ganancia, pero esto no se vio reflejado en la misma proporción en inversiones en la infraestructura de la red de distribución.

Seguridad

Las estadísticas que periódicamente publica el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (MPF-PBA) muestran, para el período 2016-2018, un aumento sostenido del delito en el ámbito de la provincia. El presupuesto en seguridad durante la gestión anterior se redujo de manera notable. De acuerdo con el presupuesto provincial de 2019, los Servicios de Seguridad totalizarán $78.500 millones. Descontada la inflación del período, el gasto en seguridad habrá sufrido un ajuste de 34% durante la gestión anterior. En 2019, la provincia invirtió en Servicios de Seguridad unos $4.600 por habitante. En comparación, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires invirtió $15.500 por habitante. Para financiar el gasto del traspaso de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad, el expresidente Mauricio Macri había incrementado la coparticipación de la CABA en el año 2016.

De esta manera lejos de combatir la criminalidad compleja y el delito organizado, (la “lucha contra las mafias”, uno de los más fuertes eslóganes de campaña de María Eugenia Vidal), la política criminal de la provincia terminó orientándose en una sola dirección: perseguir y castigar a consumidores de estupefacientes y encarcelar “perejiles”. El resultado es una crisis al interior de las comisarías que se refleja en una sobrepoblación de detenidos alojados en las dependencias, una tarea que continúa desarrollándose bajo una reglamentación firmada por el represor Ramón Camps en 1977.

Cárceles

El colapso del sistema carcelario es el resultado de una política de sistematización de la prisión preventiva, muy por encima de la infraestructura carcelaria de la provincia, que determinó que los internos alojados superen en un 100% las plazas disponibles. Esto es así porque entre 2016 y 2019 los ingresos superaron en 16.692 el número de egresos, elevando progresivamente la tasa de detenidos a 308 cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 209 cada 100 mil. Una auditoría realizada recientemente sobre esta realidad indica que la actual gestión de gobierno recibió 51.796 personas privadas de su libertad. 45.796, alojadas en 58 Unidades Penitenciarias, cuya capacidad no supera las 24.000 plazas. En comisarías se alojan 4.040 personas sobre una capacidad máxima de 1.308 plazas, mientras que 1.960 detenidos se encuentran dentro del sistema de monitoreo electrónico.

Obra pública

La gestión de Cambiemos declaró que durante su gobierno se comenzaron y terminaron 2.000 obras en los 135 municipios de manera conjunta con los intendentes, incluyendo obras hidráulicas, cloacas, agua potable, rutas, guardias de hospitales, escuelas y salitas de atención primaria. Estas obras, que declaró el gobierno anterior como un éxito de su gestión, son consecuencia de la ejecución del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) por parte de los intendentes. La creación de este fondo, vigente durante los años 2016 y 2017, y suspendido a partir de 2018, fue una exigencia de los legisladores de la oposición en ese momento, ante el pedido de autorización de endeudamiento por parte de la gestión anterior. Luego de la cancelación del FIM, la ejecución de infraestructura en la provincia durante los años 2018 y 2019 sufrió un brutal ajuste.

En cuanto a la expansión del servicio cloacal y de agua potable, en la zona concesionada por ABSA no se realizó en los cuatro años de la gestión saliente ninguna expansión del servicio. Por otra parte, la gestión anterior se caracterizó por la asignación parcial de los recursos entre los municipios según el partido gobernante. Se iniciaron obras por $ 116.000 millones, aproximadamente la mitad se pudo finalizar. De esos $ 116.000 millones, $ 32.000 millones se usaron para obras en varios distritos y $ 84.000 millones se distribuyeron para obras cuyo alcance era un único municipio. La Casa de Gobierno, a modo de ejemplo, presenta un estado de abandono visible, producto de una falta de mantenimiento que se manifiesta a simple vista: filtraciones, desprendimientos en las cornisas, baños que no pueden ser utilizados, una cisterna deteriorada que dificulta el abastecimiento de agua a baños y cocinas.

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