Axel Kicillof: “la decisión de otorgar una prisión domiciliaria es del Poder Judicial y no del Ejecutivo”

Fue durante una conferencia de prensa en la sede de la gobernación en La Plata, en la que anunció que, en los próximos meses, serán inauguradas 1.350 nuevas plazas penitenciarias, con una inversión de 800 millones de pesos.

El gobierno de Axel Kicillof anunció la ampliación del Servicio Penitenciario Bonaerense con la incorporación de casi 1500 plazas nuevas para detenidos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires manifestó no estar de acuerdo con otorgar prisiones domiciliarias para detenidos que hayan cometido delitos graves. El gobierno bonaerense de Axel Kicillof dio una conferencia de prensa para anunciar la ampliación del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en el cual se incorporarán 1350 plazas para alojar a detenidos.

Es la respuesta del Ejecutivo ante la polémica que surgió luego de que se instalara la versión de que tanto el gobernador como el presidente Alberto Fernández intervenían en la justicia para pedir la liberación masiva de presos, en el marco de la pandemia del COVID-19. De esta forma, Kicillof se asegura de que los detenidos que se encuentren en situación de riesgo puedan ser trasladados a las nuevas plazas. A su vez, Kicillof le pidió a la Suprema Corte de Justicia Bonaerense que “ponga orden” ante la desinformación que se instaló respecto a la decisión de quién otorga domiciliarias a los detenidos.

Luego de hacer un repaso de la deuda millonaria que el gobierno bonaerense tuvo que pagar con proveedores de alimentos en las cárceles, el mandatario continuó criticando la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, a quien también relacionó con un pedido expreso para que se liberen detenidos. El mandatario se valió de una nota del portal Infobae de septiembre de 2018, en donde por entonces el gobierno de Cambiemos pedía darles domiciliaria a 1500 detenidos “porque no había lugar en las cárceles”.

“Si quieren buscar a un gobierno que realmente quería liberar detenidos, vayan a buscarlo en la gestión pasada”, expresó el gobernador. Sin embargo, dijo que “buena parte de la oposición está colaborando en la misma dirección” que el Ejecutivo bonaerense. “Es un sector ínfimo el que está prendido en ese juego”, dijo y agregó: “Yo no me voy a prender”.

En tanto, el ministro de Justicia Julio Alak agregó datos de contexto, al explicar que el COVID-19 vino a empeorar un escenario carcelario que ya era gravísimo desde diciembre. Cuando asumió Kicillof, el sistema contaba con 24 mil plazas paras unos 50 mil internos en penales, comisarías y con monitoreo electrónico. También, vale aclarar que luego del fallo del juez de Casación Víctor Violini -un habeas corpus colectivo a pedido de los defensores oficiales-, según el Servicio Penitenciario Bonaerense, entre el 17 de marzo y el 17 de abril, fueron 439 los detenidos beneficiados con arrestos domiciliarios o excarcelaciones por pertenecer a poblaciones de riesgo por edad o enfermedades preexistentes. Los alcanzados por esa medida -porque la resolución así lo disponía- deberían haber sido condenados o acusado por delitos leves. El fiscal de esa instancia, Carlos Altuve fue ayer a la Corte con un recurso de queja contra esa decisión y hay mucha presión sobre el máximo tribunal para que se expida rápidamente.

Por su parte, el ministro de Seguridad Sergio Berni aseguró que “liberar a un violador a media cuadra de su víctima es un hecho de provocación que irrita a la sociedad” y calificó esa decisión de un juez de “torpe” e “irresponsable”. “Los bonaerenses hemos sido muy pacientes esta semana al esperar una mínima explicación del Poder Judicial, que nunca ha llegado. Ahora, la Justicia tiene la facultad de ordenar todo este gran desorden que ha provocado en este marco de la pandemia”.

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