El “aporte solidario” a las grandes fortunas es ley

El Senado de la Nación aprobó el aporte único conocido como “Impuesto a las grandes fortunas”, con el oficialismo a favor y Juntos por el Cambio en contra. El proyecto había sido anunciado por el Poder Ejecutivo en marzo de este año.

Finalmente, casi nueve meses de haber sido anunciado, el Senado de la Nación aprobó el proyecto de Ley de Aporte Solidario, que afecta a unas doce mil personas físicas. La votación cerró con 42 votos a favor y 26 en contra, sin abstenciones. Juntos por el Cambio se opuso por considerar que “atenta contra las inversiones”.

El Senado convirtió en ley este viernes el proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de Grandes Fortunas, con 42 votos a favor y 26 en contra, luego de aprobar las modificaciones a la ley del Manejo del Fuego. El Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a moderar los efectos de la pandemia afectará a los patrimonios superiores a los 200 millones pesos y tiene como objetivo recaudar 300 mil millones de pesos para volcar a planes productivos y sanitarios. Juntos por el Cambio rechazó el proyecto por considerar que “atenta contra las inversiones”, y que además genera una doble imposición con el impuesto a los Bienes Personales, por lo que advierten que el tema será judicializado por el sector empresarial.

Como dato de color, los dos senadores del radicalismo que responden al gobernador Gerardo Morales de Jujuy, Mario Fiad y Silvia Giaccopo, se ausentaron al momento de la votación. En la Cámara de Diputados, José Luis Martiarena, Gabriela Burgos y Jorge Rizzotti, habían votado a favor de la iniciativa.

Al abrir el debate, el miembro informante del oficialismo y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado Carlos Caserio defendió la iniciativa y sostuvo que el proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario sobre las grandes fortunas va a generar un “gran impulso” económico en Argentina. El senador cordobés agregó que “es un aporte único que se decide pedir en una situación excepcional” y remarcó que el país está “saliendo de esta pandemia como se salió de algunas guerras mundiales, con miles de muertos y las economías suficientemente desgastadas. Este aporte que solicitamos es para ayudarnos a recuperar de la pandemia”, insistió y agregó que “el Estado es una herramienta fundamental”. En ese sentido, afirmó que “si el Estado no hubiese puesto el ATP, habría empresas que no le podían pagar a sus trabajadores”. Por otro lado, remarcó que el aporte “es obligatorio, porque es por ley, pero lo solicitamos de buen modo. Les pedimos a los que más tienen un aporte solidario”, cerró.

A su turno, el senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau rechazó el proyecto al considerar que es una recarga a la presión tributaria existente. “Con más de este Estado no vamos a salir de la pobreza: hace décadas que no podemos perforar el piso del 25%. Y con esta presión tributaria y este sistema tributario no generaremos puestos de trabajo formales para sacar a nuestros compatriotas de la pobreza”, planteó. “Digámoslo de una vez: esto no es un aporte, es un impuesto extraordinario por única vez, y no entiendo cómo vamos a seguir financiando esas cosas si el aporte es solo por un año. Ya sabemos qué pasa con los impuestos extraordinarios en la Argentina”, continuó.

En tanto, su compañero de bancada, el senador Esteban Bullrich, justificó el voto negativo de su bloque al proyecto: “No vamos a acompañar esta iniciativa y no porque creamos que el que más tiene tenga que pagar menos sino todo lo contrario, justamente porque creemos que el sistema impositivo argentino debería ser progresivo y no regresivo”. En el mismo sentido, el senador radical Julio Cobos pidió “simplificar el sistema tributario”: “Tenemos muchas herramientas válidas para mejorar las condiciones tributarias y también para simplificarles la vida a los empresarios para que puedan invertir y sacar el país adelante”, agregó el exvicepresidente de la Nación.

Roberto Basualdo, uno de los senadores de Juntos por el Cambio a quienes les correspondería pagar el aporte, señaló durante su discurso que se trata de “impuesto anti-inversiones, confiscatorio y discriminativo”, que generará un “incremento irracional a la ya muy elevada carga fiscal de Argentina. Parece en este país que fuera pecado que a alguien le vaya bien, al contrario, yo le ruego a Dios que a todos les vaya bien”, evaluó.

Por su parte, la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnún puntualizó que “si queremos hacer efectivos los derechos económicos, sociales, medioambientales y culturales necesitamos un Estado que sea capaz de recaudar. Pedimos un aporte excepcional que creemos cumple con los requisitos de solidaridad y de justicia tributaria”, adicionó.

Al momento de los cierres, el titular del interbloque Juntos por el Cambio Luis Naidenoff le señaló al oficialismo: “Saben que este proyecto termina muy mal, que este proyecto termina en la nada. Yo entiendo la historia de los relatos, que pueden servir para la tribuna o para generar cierta mística. Pero no alcanza con la mística, esto es un engaño”, advirtió, en relación con la esperable judicialización del proyecto, que podría terminar anulando su efectiva implementación.

La iniciativa prevé el cobro de 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos. Esa tasa se elevará al 2,25% en casos bienes por entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% cuando sea de 600 a 800 millones. La tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1.500 millones; al 3,25% para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra será del 3,5%. Según confirmó la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont durante el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, el universo potencial total de personas humanas alcanzadas por el Aporte solidario y extraordinario asciende a 11.855 personas -poco más de las 9.298 que se había anunciado durante el debate en Diputados- de acuerdo a las nuevas estimaciones realizadas por la AFIP a partir de las Declaraciones Juradas presentadas por los contribuyentes para el período fiscal 2019.

La recaudación se destinará a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, apoyar a las PyMEs con subsidios y créditos, urbanizar los barrios populares con obras que empleen a las/os vecinas/os de cada barrio, hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural y financiar un relanzamiento del plan Progresar para que las/os jóvenes puedan seguir estudiando.

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