Cristina pide el aval de la Corte para que el Parlamento sesione por Internet

La vicepresidenta y titular del Senado de la Nación Cristina Fernández solicitó a la Suprema Corte expedirse sobre la constitucionalidad de sesionar de manera no presencial, dada la edad de riesgo de la mayoría de senadores, superior a los 60 años.

La dos veces presidenta, vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, decidió pedir a la Corte Suprema de Justicia una declaración de “certeza de constitucionalidad” para resolver si el Congreso puede sesionar por videoconferencia, a raíz del aislamiento social por el coronavirus y en virtud de que la mayoría de los miembros del cuerpo legislativo que ella encabeza superan los 60 años, por lo que se los considera dentro del grupo de riesgo como pacientes de COVID-19.

“La vicepresidenta solicita a la Corte una declaración de certeza de constitucionalidad, mediante la cual se expida acerca de si es legal una sesión on-line en aquellas materias que no puedan ser reguladas por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), como impuestos”, dijeron los voceros ante la consulta. Los reglamentos de ambas Cámaras legislativas prohíben las sesiones no presenciales en el recinto parlamentario, por lo que cualquier votación mediante la utilización de medios virtuales correría el riesgo de ser declarada nula.

Además, una reforma reglamentaria debería ser votada de manera presencial por los dos tercios de los presentes en el recinto, algo que en la actual situación de distanciamiento social preventivo parecería difícil. Sin embargo, el Poder Ejecutivo tampoco posee la facultad de expedirse por decreto en cuestiones impositivas, por lo que la sesión del parlamento resulta de vital importancia en la actual coyuntura, en la que el Estado demanda instrumentos para financiar el gasto público extraordinario derivado del parate de la economía ocasionado por el aislamiento social obligatorio producto de la irrupción de la pandemia.

El requerimiento se elevará mañana ante el máximo tribunal con la intención de que la Corte se expida y resuelva si es legal o ilegal sesionar de manera on-line. Asimismo, se pedirá que la respuesta de los magistrados se produzca con la mayor celeridad posible. El pedido de certeza se enmarca en la decisión del oficialismo de sesionar con cuestiones que no pueden ser resueltas mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) dictados por el Poder Ejecutivo.

La Constitución Nacional impide los DNU para el dictado de normas vinculadas con cuestiones penales, impositivas o electorales. El Frente de Todos pretende que en las próximas semanas pueda ser aprobado por el Congreso de la Nación un proyecto de ley que estaría por ser presentado hacia fines de esta semana y que busca gravar las grandes riquezas. La iniciativa propondría crear un impuesto extraordinario sobre los patrimonios más altos, para generar los recursos que necesita el Estado para reforzar el sistema sanitario y la recaudación tributaria, ante la caída de la economía por el coronavirus.

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