¿Qué pasará con las tarifas?

El gobierno nacional salió a desmentir que vaya a tener lugar un aumento de los servicios públicos del orden del 20% para el mes de enero, pero las empresas siguen en la pulseada por “actualizaciones” más agresivas.

A menos de un mes de que venza el congelamiento de precios para los servicios de telefonía fija, móvil, internet y televisión paga, el gobierno autorizó un 5% de aumento contra un 20% en promedio que habían solicitado las principales operadoras de telecomunicaciones. Sin embargo, lo que para el gobierno ya está dado, para las compañías no, y los próximos días podrían resultar claves en el modo en que empieza a transitarse la etapa del descongelamiento. Que es lo único que parece estar claro.

Sin embargo, lo que para el gobierno ya está cerrado para esta primera etapa de la salida del freezer de los precios de las telecomunicaciones, para las empresas no hasta tanto no haya una resolución que lo indique. Esto sucede mientras en un contexto en donde las cooperativas de telecomunicaciones nucleadas en Colsecor, CATEL y Fedecoba, advirtieron que “es insostenible la situación económica de las cooperativas” y manifestaron su preocupación por la falta de reglamentación del decreto 690 del 21 de agosto pasado que, además de congelar los precios de los servicios, cambió el status del sector, que pasó a ser servicio público.

En la reunión que este martes mantuvieron el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) con Claro, Movistar y Personal, volvieron a ponerse sobre la mesa los aumentos solicitados que, en promedio, se ubicaron en torno al 20%. A esa cifra se les dijo que no, ni siquiera se tomó en consideración la propuesta de llevar adelante un esquema de aumentos escalonados que se habían elevado en las semanas previas: es decir, llegar a ese 20% de aumento promedio entre enero y marzo con aumentos consecutivos o intercalados en porcentajes variables.

A la reunión del martes se llegó luego de que, en los últimos días de noviembre, los clientes de los distintos servicios comenzaran a recibir la carta de los operadores de telecomunicaciones informando sobre los aumentos que se aplicarían a partir de enero, entre 15% y 20%, según la empresa. Y esto se debió a que, mientras el congelamiento de precios dispuesto por decreto vence el próximo 31 de diciembre, por otro lado las empresas tienen la obligación de informar a sus clientes con un lapso mínimo de 30 días los próximos aumentos. Obligación que rige para todos los servicios de telecomunicaciones.

Desde el gobierno nacional están plantados en el 5% de aumento para enero. Para las empresas, que no aceptan esta cifra, el tema no está cerrado porque no hay una resolución que la sostenga. Es decir, hay un contrapunto entre la política, que hace del manejo de los precios una de sus banderas, y la técnica, que necesita de precisiones más concretas. “Llevamos cuatro meses dando vueltas en el mismo lugar”, dijeron desde una de las principales compañías. “No hubo acuerdo”, aseguraron desde las otras dos. Una de ellas explicó que los aumentos de 20% promedio solicitados por las compañías se ubican por debajo de la inflación proyectada para este 2020, que rondará el 35%, y que una recomposición a ese nivel les permitiría plantear mejor los planes para 2021.

Otra de las operadoras se basó en el mismo decreto 690 para rechazar el aumento del 5% para enero puesto que no respeta lo que estableció en el artículo 2 que señala que los licenciatarios de los servicios TIC “fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”. Por esa razón, desde una de las compañías parafrasearon ese artículo y apuntaron: “El decreto dice que los precios tienen que ser justos y razonables, que tienen que cubrir los costos de operación y tener una rentabilidad razonable. ¿Dónde en el mundo de la economía un 5% con un 30% de atraso en términos tarifarios es justo y razonable? Esto tiene que ser fundamentado con un análisis técnico”.

Hubo coincidencia en que las decisiones que se tomen tendrán un impacto decisivo en el futuro. A esta altura del año la mayoría de las compañías suelen tener prácticamente definidos sus planes de inversión. El de las telecomunicaciones es un sector de inversión intensiva, no solo por la necesidad de ampliar redes, de fibra óptica o de 4G para el caso de la telefonía móvil, sino también de actualizarlas y darle el correcto mantenimiento para que no se vea afectada su calidad.

Las cooperativas de telecomunicaciones también se expresaron. Tras haberle enviado una carta al presidente del ENACOM Claudio Ambrosini en el que expresaron que “desde el dictado de la norma nos hemos puesto a disposición de la autoridad de aplicación para hacer nuestro aporte en el trabajo del diseño de los criterios conceptuales y de orden práctico, para la reglamentación del Decreto”, subrayaron que urgen definiciones en ese sentido. Y señalaron que la incertidumbre respecto de las modificaciones contractuales, básicamente los aumentos de precios, es tal que dejó “como evidencia el riesgo de la sostenibilidad de los servicios y de las estructuras productivas, fundamentalmente de las empresas pequeñas y medianas”.

Lo cierto es que en los próximos días, y ante el advenimiento de un fin de semana XL para el que se anticipa mucho trabajo, podría haber novedades concretas, tanto respecto de los aumentos que comenzarán a regir a partir de enero de 2021 como de las medidas que se dispusieron en el decreto 690, entre ellas, la prestación básica universal. Es decir, varias de las definiciones establecidas en ese documento. Será la antesala de un anuncio oficial liderado por el presidente Alberto Fernández, en un contexto en el que más allá de las próximas definiciones, el tema ya está judicializado: el grueso de las operadoras de telecomunicaciones ya elevó diversas prestaciones a la justicia en las que, además de solicitar cautelares vinculadas con el tema de precios, también reclaman la inconstitucionalidad del DNU 690. La historia continuará. Y más allá del 31 de diciembre. En el medio, quedan los usuarios, en el contexto de una crisis inflacionaria que no deja de aquejar a los argentinos.

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