Negociación con el FMI y relación con los sindicatos

El gobierno se debate entre la necesidad de recaudar y el compromiso de no ajustar. En las últimas horas, las empresas autopartistas se sumaron al reclamo de flexibilización de la actividad, con el rechazo de la CGT.

La débil reactivación de la economía y la necesidad de generar dólares reflotaron el interés del gobierno por revisar los convenios laborales. La discusión asomó en las últimas horas en la mesa automotriz, una de las actividades en las que se busca entre otros puntos impulsar las exportaciones, sustituir importaciones y reorganizar el trabajo, pese a las resistencias que genera ese tema en la CGT, por su acaso no casual aroma a flexibilización laboral.

Por estas horas, las autopartistas buscan avanzar en un marco laboral de negociación por empresa, similar al de las terminales. Mientras las fabricantes de piezas tienen un convenio de rama con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), las automotrices negocian acuerdos por empresa con el gremio metalmecánico SMATA, al que ponderan por su “diálogo permanente y sus cláusulas modernas”. Concretamente, “La idea es ir a un esquema laboral más flexible para toda la cadena como el que tienen las terminales con Smata”, confirmaron dos fuentes de la mesa automotriz. De esa manera, las proveedoras de componentes buscan compensar los costos del sistema just in time en las terminales, que desde 2010 les implica disponer de stocks y gestionar la chatarra (en la jerga, servicio de scrap).

Pero el planteo de los empresarios despierta tensiones en el gremio metalúrgico, conducido por Antonio Caló. De buen diálogo con el gobierno nacional, el dirigente enfrenta presiones de la seccional de Córdoba, encabezada por Rubén Urbano. Allí, plantean reparos al esquema de las terminales y piden avanzar en paritarias, después del cierre en agosto a nivel nacional de un bono mensual de $6.000 en cinco pagos hasta marzo.

“En Córdoba se encuentra el 60% de las autopartistas, deberían ser tenidas en cuenta en la mesa”, señaló Urbano. Los roces se suman al malestar en la seccional por la denuncia penal iniciada por el ministro de Trabajo provincial Omar Sereno contra trabajadores y un delegado por la supuesta “violación de protocolos” durante la realización de medidas de fuerza en dos autopartistas. También hay malestar en las terminales por el aumento de los contagios de coronavirus. Las autopartistas buscan replicar en su sector los convenios por empresa de las terminales.

Caso testigo

En el entorno del líder metalúrgico, en tanto, aseguran que el capítulo laboral aún no se conversó. Caló y su par de Smata Ricardo Pignanelli estuvieron el lunes en Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán junto a representantes de la cámara automotriz ADEFA. Allí, coincidieron en avanzar en proyectos de ley para declarar estratégica a la industria, elevar las piezas nacionales del 20 al 35% y concretar inversiones por u$s5.000 millones.

También se discuten beneficios impositivos para las empresas. La idea es reducir los costos y aumentar la competitividad para reactivar la producción. En los primeros nueve meses del año, el sector alcanzó las 165.739 unidades producidas (autos y utilitarios), lo que representa una caída del 31,3 % en relación a las 241.330 unidades producidas en el mismo período de 2019.

Las negociaciones se asemejan a las del fallido acuerdo automotor impulsado por Mauricio Macri. El plan apuntaba a producir 1 millón de autos y promover un “Vaca Muerta con ruedas” ante la falta de apoyo sindical suficiente para aprobar una reforma laboral. La gestión de Cambiemos debió conformarse, sin embargo, con el abandono de beneficios laborales en el convenio del yacimiento hidrocarburífero, un acuerdo que la gestión de Alberto Fernández decidió preservar sin cambios.

Superada la fase más dura de la cuarentena, el gobierno decidió ahora reciclar su plan para revisar los convenios. La iniciativa surge del acuerdo tácito escenificado en octubre pasado en un acto de la UIA, cuando Caló se mostró favorable a “adaptar las nuevas categorías” de su convenio, que data de 1975. Y volvió a tomar impulso con los “10 puntos de consenso” presentados por el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas en el Consejo Económico y Social.

El relanzamiento del pacto social implicó la apertura de mesas en la construcción, el sector automotor, metalmecánica, textil, indumentaria y alimentación. En plena negociación con el FMI, el objetivo que el gobierno dice perseguir es reconstruir la economía, atraer inversiones y generar empleo frente a las presiones devaluatorias, el avance de la inflación y la pérdida de 3,7 millones de puestos en el segundo trimestre de este año. Pero la hoja de ruta prevé además una “mejora de la productividad” orientada a modificar “rutinas productivas”.

“Las reformas laborales no generaron aumento del empleo, lo único que hicieron fue perder empleo”, dijo este lunes la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca, en una charla organizada por la Pastoral Social. Y a continuación advirtió: “Los trabajadores organizados deben preguntarse qué van a poner en la mesa en cada cadena, actualizar sus convenios y aumentar la productividad debe ser parte del diálogo”.

Mensaje a la CGT

El pedido de Todesca implica un desafío para la cúpula sindical, atravesada por fuertes tensiones internas tras el fracaso del acto del 17 de octubre y la reaparición de Hugo Moyano. En Azopardo, por otra parte, sostienen que los convenios están adaptados a las nuevas tecnologías. “La mayoría de las actividades los tienen actualizados, dinámicos, ágiles y modernos”, aseguraron.

Ese es el caso del gremio de Comercio, que en pandemia avanzó en un mayor uso de barreras automáticas en las autopistas porteñas mediante la obligatoriedad del sistema de telepase. Desde su anuncio el 4 de agosto, ya se adhirieron 400.000 personas, la mitad del tránsito diario. Y de 583 puestos de cabina, 120 ya fueron traspasados a cobranzas, recuento, señalización y supervisión. La experiencia generó presión incluso sobre otras autopistas con atención manual y representadas por el moyanismo.

Por el momento, los “gordos” se muestran cautelosos de propiciar cambios más profundos. El mayor temor es verse expuestos a cuestionamientos de los sectores duros, como ocurrió durante la era Macri cuando Pablo Moyano abandonó el consejo directivo y luego logró frenar la reforma laboral. O durante la cuarentena, cuando el camionero los castigó por acordar un acuerdo marco de suspensiones con rebajas salariales de hasta el 25% con la UIA.

Los jefes de Azopardo, por otra parte, también enfrentan críticas. En una carta reciente, el farmaceútico Marcelo Peretta les reprochó su apoyo al presidente que “estimula el pobrismo” y pidió “abrir los convenios laborales”.

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