El juez repuso al directorio de Vicentín

Por pedido de los dueños de la compañía, el magistrado de la convocatoria de acreedores avaló la experticia de los administradores originales, que vuelven a sus funciones por 60 días. El interventor nombrado por el gobierno será veedor en la empresa.

La disposición judicial responde a un pedido de los dueños. La decisión puede ser apelada. Fabián Lorenzini aseguró que la justicia debe brindar certeza y seguridad jurídica tanto para la concursada como para sus acreedores, proveedores y empleados. El juez de la convocatoria de acreedores de Vicentín volvió a poner en funciones al directorio de la empresa por 60 días y nombró a los interventores dispuestos por el gobierno nacional como veedores. En su fallo, Lorenzini dispuso “con carácter de medida autosatisfactiva y previa prestación de contracautela, que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme a la última Asamblea Ordinaria de Accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma”. Además, establece que “los Sres. Interventores designados en el DNU 522/2020 del PEN, podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores”.

De esta manera, el magistrado hizo lugar a una medida cautelar que pidieron los actuales dueños de la cerealera, que además plantearon la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó el presidente Alberto Fernández al considerar que era falto de fundamentación. La presentación judicial es motivo de controversia a raíz de la decisión del gobierno nacional que busca expropiar la cerealera. Los actuales dueños recordaron que existe un proceso de verificación de créditos en curso, también la necesidad de resguardar el giro normal de las actividades de la empresa, atender las obligaciones cuyo vencimiento se produce periódicamente y abonar salarios de miles de trabajadores. Según los dueños, se podría ver afectado el concurso que tramita ante la Justicia Comercial y también a sus acreedores dado que el cobro de sus créditos depende principalmente de la continuidad operativa de la empresa.

Pedido de inconstitucionalidad

Sobre el pedido de inconstitucionalidad del Decreto, el juez dice que no guarda conexidad con el trámite del concurso de acreedores y por ello se declara incompetente. El juez aceptó el argumento de la empresa sobre que 2los procesos concursales admiten medidas cautelares específicas tendientes a la defensa de la integridad del patrimonio del deudor en defensa de los acreedores. Luego, tanto las constancias de autos, como los acontecimientos políticos de conocimiento público referidos a la interrupción de aquella administración mediante la intervención presidencial en la sociedad concursada, dan cuenta de un concreto desplazamiento de sus directores naturales, situándonos en el actual escenario de incerteza jurídica con respecto a quién debe investir el rol de administrador y representante de la concursada”, sostuvo el juez en el fallo.

Tener en cuenta que Vicentín es “una empresa de enormes dimensiones y con un rol preponderante en el mercado nacional e internacional de granos”, según el juez, es lo que justifica la medida cautelar, “a raíz del volumen de las deudas denunciadas por la concursada, por la gran cantidad de establecimientos que titulariza, los miles de trabajadores que de ella dependen, y la gran cantidad de contratos y operaciones que periódicamente deben procesarse mediante las decisiones que se adopten, precisamente, desde dicha administración societaria”.

“Su patrimonio debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión dado que, justamente de ello dependerá su continuidad operativa, la reinserción en el mercado de granos internacional y la exitosa negociación con los acreedores concursales y post concursales”, argumentó el magistrado, cuya decisión puede ser apelada.

Intervención y expropiación

Además, evaluó que “se produce una situación disruptiva consistente en la intervención del órgano de administración dispuesta por el Estado Nacional en el marco de un DNU” y la medida de gobierno genera un “impasse que amenaza con afectar negativamente su giro comercial y actividad industrial, con el consiguiente riesgo de una paralización de sus actividades. Ello amerita una actuación judicial efectiva que deberá tener como objetivo brindar certeza y seguridad jurídica para la concursada, sus acreedores, proveedores y empleados, a los fines de transitar virtuosamente este período transicional, hasta tanto sea dirimida la cuestión constitucional o se reconfigure virtuosamente el rol de los distintos actores actualmente en disputa”, concluyó.

De esta forma, el juez repuso a los dueños en la administración por un plazo de 60 días que puede ser prorrogable, y al interventor designado por el Poder Ejecutivo sólo le da el alcance de veedor de la empresa. En su decisión, el juez le da intervención a la Sindicatura General de la Nación “a los fines de que brinde un informe pormenorizado del estado actual de la administración de la sociedad concursada tendiente a establecer, para el caso de corresponder, la posibilidad de revisar el presente decisorio o realizar las modulaciones que fueran indispensables para asegurar la continuidad del proceso concursal”. También a la Inspección General de Justicia y a la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe.

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