El fiscal Delgado radicó una denuncia por protección a evasores por parte de la AFIP cambiemita

El fiscal federal Federico Delgado presentó una denuncia para que sea investigado si las autoridades designadas por el gobierno de Cambiemos en el agente recaudador escondieron o ralentizaron información para proteger a evasores.

El fiscal federal Federico Delgado radicó hoy una denuncia penal para que se investigue la presunta protección de las anteriores autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a cientos de evasores locales cuyos datos sobre cuentas en el exterior remitió hace casi tres años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Delgado consideró que existen los indicios preliminares suficientes para concluir que debe iniciarse una investigación penal. Tras recibir una denuncia en su fiscalía y completar una primera indagación sobre los datos volcados, el fiscal remitió el material a sorteo para evitar así cualquier planteo de nulidad en su contra por “fórum shopping”.

En su denuncia, Delgado consideró que existen evidencias para sospechar “que la cadena de custodia” de la información que aportó la OCDE “no se respetó y que no se sabe muy bien aún qué pasó en el hiato que separa la recepción de [la información sobre] las cuentas”, entre 2017 y 2018, “y la asunción de las nuevas autoridades”, en diciembre de 2019. Por ese motivo, la fiscalía estimó que “es evidente que nos enfrentamos a incumplimientos funcionales, encubrimientos, adulteración de información, posibles complicidades de funcionarios públicos con sujetos obligados [por los dueños de las cuentas que no las declararon ante la AFIP] y eventualmente con hechos que podrían alterar el blanqueo de capitales” de 2016.

Junto al último titular de la AFIP durante el gobierno de Cambiemos, Leandro Cuccioli, negaron que se haya protegido a determinados contribuyentes: “Verificar las identidades y determinar la situación tributaria de cada potencial contribuyente lleva tiempo. Al concluir la gestión explicitamos hasta dónde se había avanzado en un informe que se entregó a las nuevas autoridades”, expresaron.

Por sorteo, la denuncia del fiscal Delgado quedó en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti. La trama comenzó en septiembre 2017, cuando la OCDE envió a la AFIP una primera tanda de información con datos sobre 55.000 de cuentas bancarias de argentinos en el exterior por un total de 2500 millones de euros. Con ese material, el organismo que lideraba Leandro Cuccioli comenzó a cruzar los datos con sus registros para determinar qué cuentas se encontraban declaradas y cuáles no. Un año después, en tanto, la OCDE remitió otro paquete de información con detalles de otras 255.000 cuentas operativas en Uruguay, España, Italia, Alemania, el Reino Unido, entre otros países, por cerca de 9000 millones de euros. Así, en total, transmitió datos sobre 310.000 cuentas operativas en más de 80 países por algo más de 10.600 millones de euros.

Con todo ese material en sus manos, la gestión de Cuccioli comenzó a determinar qué cuentas pertenecían a argentinos residentes en el exterior y descartar las que registraban montos bajos -por ejemplo, por tratarse del cobro de jubilaciones en Italia-, para concentrarse en las que acumulaban montos más elevados. Así, en abril de 2019 informó que, analizada la cuarta parte de las cuentas, ya habían detectado unos 400 millones de dólares sin declarar por parte de argentinos que habían ingresado al blanqueo de capitales de 2016, por lo que podrían ser penalizados con su exclusión. Un año después, sin embargo, los números preliminares muestran que ningún contribuyente terminó excluido del blanqueo porque los montos evadidos no superaban el piso mínimo requerido por ley para tomar esa determinación. Pero la Justicia investigará si la AFIP ralentizó su análisis sobre ciertos contribuyentes o si, incluso, lo evitó por completo. En particular, después de que la nueva gestión de la AFIP le respondió al fiscal Delgado que no podía garantizarse que se hubiera respetado la “cadena de custodia” del material. Es decir, que ciertos datos -ya fueran nombres, cuentas o montos- hubieran sido eliminados o incorporados desde que la OCDE remitió la información. “Esta subdirección general afirma no poder garantizar la trazabilidad absoluta de la información, ni dar precisión con respecto a la cadena de custodia de la totalidad de los casos”, indicó el máximo responsable de Grandes Contribuyentes Nacionales, Mariano Abbruzzese, en un informe que llegó a la fiscalía de Delgado.

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