El acuerdo por la deuda de Alberto podría emular al de Kirchner

El plan de reestructuración de la deuda externa de la Argentina con el FMI presentado por Alberto Fernández podría tener similitudes positivas con el que logró el presidente Néstor Kirchner en 2003, poco después de asumir su mandato.

En el contexto de la negociación entre Argentina y los acreedores por el asunto de la deuda y del comunicado que el FMI emitió, que admite que la deuda de nuestro país es insostenible, Argentina se encuentra cerca de lograr un acuerdo que le permitiría salir relativamente airosa del berenjenal más serio que le fue legado como “pesada herencia” por el gobierno de Mauricio Macri. En primer lugar, le debería reconocer al Fondo Monetario Internacional (FMI) toda la deuda, pero recibiría a cambio respaldo frente a los bonistas privados y un acuerdo estratégico con el organismo, que permitiría a la Argentina pagar la deuda con el Fondo en 2024 sin que se le exigiera al país ningún ajuste extra ni en la política laboral, ni en la evolución del gasto público social. Se le aceptaría además hasta diciembre de 2023 un desvío fiscal de no más de 0,5%, siempre que estuviese justificado por el gasto social.

El organismo que dirige Kristalina Georgieva finalmente aceptaría la apuesta más importante: no habría acuerdo del tipo Facilidades Extendidas, sino un plan de pagos al estilo del que firmó Néstor Kirchner en 2003; es decir, un plan en cuotas. Cuando esto se concrete, lo que podría ocurrir en la segunda quincena de marzo, Alberto Fernández habrá sentado un precedente acerca del modo como pretende negociar, habiendo logrado una relativa autonomía y sin sacrificar gasto social para beneficiar al organismo de crédito. Esto también señalará un punto de partida para negociar con dureza con los acreedores privados.

Para el gobierno, lo más importante del comunicado de este miércoles (además de, obviamente, la declaración de la deuda externa acumulada durante la gestión de Mauricio Macri como no sustentable) es el virtual aval a la declaración económica que hace dos semanas dio el ministro de Economía Martín Guzmán ante el Congreso, sobre que el superávit fiscal sostenible deberá esperar hasta 2024. Por sostenible se entiende un resultado primario superior a 1%. Hasta ese momento, la responsabilidad oficial sólo será la de sostener el balance fiscal, fundamentalmente, sin ejecutar ningún plan de ajuste social. En ese sentido, se apunta a lograr en un tiempo prudencialmente corto (el primer semestre del año) que los ingresos tributarios puedan superar la inflación, con lo que la relación entre la recaudación y el IPC desde julio o agosto rompa la brecha de 8% de enero, y se convierta en positiva.

Pero lo más importante del acuerdo sería que la Argentina no debería aplicar el menú habitual de recomendaciones que el organismo ordena para estos casos, especialmente en los capítulos de reformas laborales o en la relación fiscal con las provincias. Tampoco opinaría el FMI en las políticas activas de subsidios y promoción de sectores internos de la industria que aplique el gobierno y dejaría actuar al gobierno de manera autónoma en su relación comercial con el resto del mundo. Sólo observaría que persistiera el superávit comercial y que hubiese un desarrollo del proyecto de Vaca Muerta para que desde 2024 se garanticen los aproximadamente u$s5.000 millones que debería dejar el yacimiento neuquino-mendocino a las arcas públicas.

Para el gobierno, en el comunicado de ayer se reflejan la relativa buena voluntad de Kristalina Georgieva y la influencia del venezolano Luis Cubeddu. El jefe de la misión argentina demostró buena predisposición para avalar la política fiscal que le ofrece respetar Economía; factor que respondería a su experiencia como integrante de aquel equipo que comandaba el indio Anoop Singh, que en 2003 fiscalizó las cuentas locales y recomendó el acuerdo que en septiembre de ese año firmó Néstor Kirchner con el entonces director gerente del FMI, Horst Köhler. Este también había roto el modelo del plan de “Facilidades Extendidas”, formalizando un simple plan de cuotas. En aquel tiempo, tanto Köhler como la número dos del FMI Anne Kruger presionaban para que el país aceptara, sin más, los estatutos oficiales de la carta orgánica para poder formalizar la situación. Sin embargo, una negociación directa entre Kirchner y el presidente norteamericano George W. Bush torció la historia a favor de la Argentina.

El jefe de Estado de EE.UU. había hablado directamente vía telefónica con Köhler y le indicó que apoyaría al país en aquel acuerdo particular. El alemán no tuvo alternativa y aceptó. Uno de los ejecutores de aquellas negociaciones, junto con el ministro de Economía Lavagna, fue el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández. Curiosidades de la historia: la experiencia podría repetirse en 2020; también con Fernández como actor principal y Cubeddu como reparto; pero con otros protagonistas necesarios, como Donald Trump, Angela Merkel, Kristalina Georgieva y Martín Guzmán. Otro actor que se repetiría, Alejandro Werner, quien en 2002 era observador premium y hoy (aún) director para el hemisferio occidental. Se dice que el mexicano-argentino sobrevivió a la purga que terminó con la reciente salida del norteamericano David Lipton porque aún mantiene buenas relaciones con el gobierno de Alberto Fernández y puede hacer aportes importantes para el éxito de la meganegociación entre el FMI y el país. Si estas terminan siendo exitosas, probablemente mantenga su cargo.

Las negociaciones entre el gobierno y el FMI dejan Buenos Aires y se mudarán a Rihad y Washington. Martín Guzmán tendrá un largo encuentro con Georgieva en la cumbre del G-20 de Arabia Saudita, donde los papeles elaborados por Cubeddu en los últimos días serán discutidos cara a cara entre el funcionario argentino y la búlgara. Será el momento para terminar de cerrar los puntos generales del acuerdo, para que la directora gerente pueda comenzar a plantearlos ya oficialmente ante la cúpula del organismo en la capital norteamericana. Si, como se espera, todas las partes están de acuerdo, comenzará el proceso para llevar el tema a su máximo lugar de decisión: el directorio del FMI, donde serán los representantes de los socios los que decidirán el destino de los u$s44.000 millones que se le deben al organismo.

En sus últimos pasos por Buenos Aires, el desde este jueves embajador en los Estados Unidos Jorge Argüello confirmaba el apoyo de Donald Trump, con lo que los votos necesarios para el aval al plan propuesto por la Argentina estarían garantizados. Se especula que, para después del 9 de marzo, primera fecha programada para el road show en Wall Street, el directorio se podría reunir. El tiempo apremia. En la primera semana de marzo el gobierno presentará en sociedad la oferta a los acreedores privados. En ese momento se conocerá cual es la quita final a los bonistas. Ya se sabe que hay alguien más, además del Gobierno, que conoce el dato: el FMI.

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